Estrella del pronóstico del tiempo dejó la televisión por las apuestas: ahora su equipo gana en Polymarket

Seis exmiembros de la Sección OS7 de la Prefectura de Carabineros Aconcagua serán llevados a juicio por una trama que, según el Ministerio Público, incluyó la sustracción de droga desde la propia unidad y la utilización de personas en situación de calle para ejecutar compras de droga en cuestionados procedimientos policiales por Ley 20.000. Sumadas las penas solicitadas para ellos y un séptimo acusado que no era uniformado, el ente persecutor pretende condenas que superan los 217 años de cárcel.

De acuerdo con antecedentes del proceso tenidos a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la Fiscalía estableció —tras una indagatoria de largo aliento— que los hoy exfuncionarios se habrían confabulado para sustraer o quedarse con parte de la droga incautada en procedimientos en los que ellos mismos habían intervenido. En algunos casos, sostiene el organismo, la sustancia era retirada desde la sala de evidencias y reemplazada por tierra o arena para evitar que la diferencia fuera advertida durante los pesajes posteriores.

La hebra comenzó a desenredarse tras la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el propio cuartel del OS7 Aconcagua, en San Felipe. Los registros revelaron una serie de movimientos sospechosos durante la madrugada y la mañana del 29 de mayo de 2024, entre ellos la manipulación y traslado de sacos de evidencia al interior de la unidad. A partir de ahí, la investigación terminó abriendo otros flancos: supuestos pagos a informantes con droga incautada, las mencionadas compras mediante personas vulnerables y droga que pretendía ser utilizada para “cargar” a blancos investigativos a los que no se le encontraba evidencia al momento de su detención.

Ad portas del juicio oral, sin embargo, la defensa de dos de los excarabineros —encabezada por el abogado Víctor “Vito” Contreras— cuestiona la forma en la que se gestó la investigación y apunta a supuestas contradicciones en la cronología presentada al tribunal que autorizó las primeras diligencias. La ofensiva no quedó sólo en alegaciones en audiencia: el defensor interpuso una querella criminal por falsificación ideológica de instrumento público, obstrucción a la investigación mediante antecedentes falsos y otros ilícitos, dirigida contra tres policías en servicio activo que han participado del proceso investigativo.

Captados por sus propias cámaras

La primera pieza del rompecabezas que terminó armando la Unidad SACFI Macrozona Cordillera (con sede en San Felipe) de la Fiscalía Regional de Valparaíso quedó registrada por las cámaras instaladas al interior del propio cuartel del OS7 Aconcagua. Según un informe reservado elaborado posteriormente por el propio Departamento Antidrogas de Carabineros, al que accedió esta Unidad de Investigación, la revisión de los registros captados el 29 de mayo de 2024 permitió reconstruir una serie de movimientos sospechosos ejecutados por Sebastián Cádiz y Federico Jerez en torno a la sala donde permanecía bajo custodia una cantidad de marihuana incautada el día anterior.

Uno de los registros más gráficos aparece en el “Fotograma N°5” del citado informe. Allí, de acuerdo con el análisis realizado por los investigadores, se observa al entonces cabo primero Sebastián Cádiz Escobar utilizando guantes de látex y manipulando una bolsa de nylon transparente que contenía una sustancia vegetal. El propio peritaje contrapone la imagen con una fotografía de la misma droga incautada durante el procedimiento del 28 de mayo.

Captura informe reservado OS7

Las cámaras siguieron registrando movimientos durante aquella madrugada. Es así como aparecen Cádiz y Jerez trasladando bolsas y sacos hacia el segundo piso del cuartel, una dependencia que —según advierte el mismo informe— no correspondía a un lugar destinado al manejo de evidencias. En el “Fotograma N°9”, por ejemplo, se advierte que Jerez va subiendo al el segundo piso con dos sacos de marihuana.

Captura informe reservado OS7

En base a esos antecedentes, la Fiscalía sostiene que aquella jornada Cádiz y Jerez sustrajeron una cantidad indeterminada de cannabis y que, para impedir que la merma fuera detectada posteriormente durante el pesaje, reemplazaron parte de la droga por tierra o arena. Cerca de las 08:00 horas, añade la acusación, Cádiz entregó parte de lo sustraído a Sergio Aedo Poblete, quien entonces ostentaba el grado de suboficial y también pertenecía al OS7 Aconcagua.

También de ese momento existen imágenes. En el “Fotograma N°21” se observa a Cádiz saliendo del cuartel con un bolso deportivo, acompañado por Aedo. De acuerdo con el informe reservado, ambos se desplazaron hasta el estacionamiento, donde Aedo abrió el maletero de su vehículo y Cádiz introdujo el bolso en su interior.

Captura informe reservado OS7

Otras pruebas

Pero lo detectado aquella madrugada fue sólo el comienzo. A medida que avanzaron las diligencias —incluidas interceptaciones, micrófonos instalados en vehículos y seguimiento mediante GPS—, el Ministerio Público descubrió un mecanismo que iba mucho más allá de sustraer droga desde la custodia policial. La acusación atribuye a los entonces miembros del OS7 la utilización de personas adictas y en situación de calle para realizar compras de droga sin autorización, la entrega de sustancias incautadas como pago a informantes y la manipulación de procedimientos.

Uno de esos episodios ocurrió el 8 de julio, cuando los entonces carabineros Sebastián Cádiz y Cindy Cárdenas utilizaron a un adicto apodado “Moise” para adquirir droga en un domicilio del sector Mina Caracoles de la comuna de Rinconada ubicada en la provincia de Los Andes. Luego, afirma el Ministerio Público, ambos policías le entregaron por teléfono a un fiscal una versión distinta de lo sucedido y consiguieron autorización del persecutor para que, en el marco de las facultades investigativas especiales que establece la Ley 20.000, Cádiz operara como agente revelador.

El excarabinero comunicó posteriormente que ejecutó esa técnica y adquirió droga en dos domicilios, antecedente que permitió conseguir una orden judicial de entrada y registro. Para el Ministerio Público, la información proporcionada por los policías era derechamente falsa.

Un día después, la Fiscalía sitúa a Cádiz, Cárdenas, Jerez y Waldo Berríos en otro procedimiento en La Ligua. Allí fueron incautados oficialmente 2 kilos 589 gramos de marihuana, pero los cuatro habrían apartado una cantidad indeterminada antes del pesaje y la dejaron escondida en un ducto de alcantarillado. La droga fue retirada posteriormente por un sujeto identificado con las iniciales J.S.S., un informante cuyo trabajo había permitido realizar el operativo. La tesis de la Fiscalía es que una parte de esa evidencia fue utilizada directamente como pago por sus servicios.

Las irregularidades detectadas continuaron. El 18 de julio, sostiene el órgano persecutor, Cádiz volvió a sustraer marihuana desde la sala de evidencias y nuevamente otra vez utilizó la técnica de reemplazarla con tierra para ocultar la diferencia. El 20 de agosto, en tanto, Sergio Aedo, Cádiz y Álvaro Moraga se habrían apropiado de pasta base proveniente de otro procedimiento. Cádiz y Moraga la dosificaron, según la acusación, hasta obtener unos 400 envoltorios que mantuvieron para distintos fines ilícitos. Uno de ellos resulta especialmente delicado. Según la fiscalía, habrían pretendido utilizarla para “cargar” (atribuir droga) a blancos investigativos a los que no se les encontraran sustancias al momento de su detención.

La carpeta agrega otros episodios reñidos con la ley: más compras de droga efectuadas por personas vulnerables sin autorización de Fiscalía, un informante que mantenía cerca de 70 plantas de cannabis pese a trabajar con los policías y la sustracción de $510 mil durante el registro de una vivienda. Ese dinero se lo habrían repartido entre Cindy Cárdenas, Sebastián Cádiz y Sergio Aedo en partes iguales de $170 mil.

Más de 200 años

Si bien la investigación fue reabierta por 70 días por resolución del Juzgado de Garantía de San Felipe —tribunal donde se sustancia la causa—, hace algunas semanas el fiscal a cargo del caso, Benjamín Santibáñez Contreras, presentó una primera acusación que permite dimensionar tanto la extensión de los hechos atribuidos a los imputados como las penas que el Ministerio Público pretende obtener en un eventual juicio oral.

La Unidad de Investigación de Bío Bío tuvo a la vista el escrito presentado en la oportunidad por Santibáñez, un fiscal especializado que forma parte de las unidades SACFI (Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos) y ECOH (Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios) de la Fiscalía Regional de Valparaíso. En efecto, el documento de 30 páginas concentra la petición más elevada en Sebastián Andrés Cádiz Escobar, otrora cabo 1° de Carabineros e integrante del OS7 Aconcagua.

Para él, se solicitan penas que, sumadas, alcanzan 90 años y 8 días de cárcel: siete son por tráfico ilícito de drogas consumado, una por tráfico en grado de tentado, además de falsificación de instrumento público, omisión de denuncia, hurto simple y otros delitos de menor envergadura.

El resto de las solicitudes también es elevado. Para el exsuboficial Sergio Eduardo Aedo Poblete, el Ministerio Público pide penas que suman 37 años y 3 días de presidio, por tres delitos consumados de tráfico ilícito de drogas, omisión de denuncia y hurto. En el caso de la ex cabo primero Cindy Vanessa Cárdenas Benavides, la petición alcanza 32 años y 3 días, por tráfico de drogas tentado, dos tráficos consumados, falsificación de instrumento público y hurto simple.

Para el también ex cabo primero Federico Eduardo Jerez Matamala, la Fiscalía solicita 24 años y 2 días de cárcel, por dos delitos de tráfico ilícito de drogas y uno de omisión de denuncia. Le sigue Álvaro Yohani Moraga Miranda, exfuncionario del OS7 Aconcagua cuyo grado no consta en los antecedentes revisados, para quien se piden 18 años y 1 día por tráfico de drogas tentado, tráfico consumado y omisión de denuncia.

En tanto, para Waldo Antonio Berríos Astete, también exfuncionario del OS7 Aconcagua y cuyo grado no aparece precisado en los documentos tenidos a la vista, el Ministerio Público solicita 10 años y 1 día de presidio por tráfico ilícito de drogas. Finalmente, el único civil entre los acusados, Juan Pablo Martínez Salinas, arriesga 5 años y 1 día de cárcel, más otros 541 días, por tráfico ilícito de drogas y tráfico de pequeñas cantidades.

Expediente de peso

Consultado por la Unidad de Investigación de Bío Bío sobre los antecedentes en que se funda la imputación contra los exfuncionarios del OS7 Aconcagua, el fiscal Benjamín Santibáñez Contreras aseguró que la causa no descansa únicamente en las primeras grabaciones obtenidas desde el cuartel. Según explicó, el Ministerio Público reunió “un sinnúmero de antecedentes” que, en su conjunto, permiten sostener la existencia de los delitos investigados y presumir la participación de los imputados.

Entre esos elementos mencionó imágenes captadas por las cámaras de seguridad que ya estaban instaladas en la unidad antes del inicio de la investigación, además de otros dispositivos de grabación de video incorporados posteriormente con autorización judicial. A ello se suman, dijo, micrófonos y sistemas GPS instalados en vehículos fiscales y particulares, además de otras diligencias que no detalló por encontrarse bajo reserva.

Siempre en diálogo con Bío Bío Investiga, el persecutor sanfelipeño recalcó que, de todas formas, será el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe el que llegado el momento se encargará de determinar el peso definitivo de esos antecedentes.

“Esas pruebas deben ser incorporadas a un juicio oral y será el tribunal competente el que les dará el valor pertinente”, sostuvo, subrayando que corresponde a los jueces resolver si resultan suficientes para condenar o, por el contrario, absolver.

Respecto del flanco abierto por una de las defensas, encabezada por Vito Contreras, que apunta una discordancia en las razones que motivaron la revisión de las cámaras de seguridad en primer lugar, el fiscal es cauto. En concreto, el cuestionamiento apunta a una declaración del teniente del OS7, Jorge Reyes, quien vinculó inicialmente el examen de las grabaciones con la presencia de una persona que merodeaba el cuartel, mientras otros antecedentes incorporados a la causa sostienen que las diferencias detectadas en el peso de la droga motivaron esa revisión.

El fiscal no descartó la primera de esas versiones. “Puede ser, yo no lo descarto, puede ser”, señaló, aunque advirtió que será el propio Reyes quien deberá explicar ante el tribunal por qué entregó una razón en una oportunidad y otra distinta posteriormente. A juicio de Santibáñez, ese cuestionamiento forma parte de la estrategia de la defensa para intentar restar valor a determinados medios de prueba, una labor que calificó como legítima desde el punto de vista profesional.

La querella

Como sea, la disputa por el origen de la investigación escaló ahora a sede penal. Sergio Eduardo Aedo Poblete y Sebastián Andrés Cádiz Escobar, representados por el mencionado narco-abogado Víctor Contreras Campos, presentaron una querella ante el Juzgado de Garantía de San Felipe contra tres funcionarios activos de Carabineros que intervinieron en las primeras diligencias: el teniente Jorge Barrientos Blanco, el coronel Tulio G. Muñoz Fuentes y el sargento 2° Héctor G. Meza Tapia.

La acción les atribuye, en distintas calidades y de manera subsidiaria, los delitos de falsificación ideológica de instrumento público, obstrucción a la investigación mediante antecedentes falsos y alteración de antecedentes por funcionario policial.

El eje de la querella es la misma contradicción cronológica cuestionada durante el proceso. El escrito sostiene que el Oficio N°1806, de 17 de junio de 2024, presentó las diferencias detectadas en el peso de la droga como el antecedente que habría llevado a revisar las cámaras del cuartel. Sin embargo, contrapone esa versión con la declaración que el teniente Jorge Reyes había prestado tres días antes, donde aseguró que el examen de las grabaciones comenzó después de advertirse la presencia reiterada de una persona en bicicleta frente a la unidad y que sólo posteriormente se cotejaron las actas de recepción de droga.

Para los querellantes, esa diferencia no sería secundaria. La presentación sostiene que la alteración del orden de los acontecimientos permitió construir la narrativa con la que posteriormente se solicitaron medidas intrusivas ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. “Esa inversión no es un matiz”, afirma el escrito, que vincula directamente aquella secuencia con la autorización judicial de interceptaciones telefónicas y otras diligencias reservadas.

La defensa cuestiona además la competencia territorial bajo la cual se obtuvieron esas primeras autorizaciones. Según la querella, si los hechos hubiesen sido expuestos desde un comienzo como ocurridos en San Felipe, no habría existido fundamento para recurrir al tribunal de Viña del Mar. El documento recuerda que aquella magistratura autorizó durante 60 días interceptaciones telefónicas, georreferenciación, acceso a cuentas personales y otras técnicas investigativas respecto de los entonces investigados.

Contreras llevó ese planteamiento todavía más lejos en una declaración remitida a esta Unidad de Investigación. “Casi dos años de prisión preventiva. Y cero. Cero gramos de droga incautada a mis representados. Ni uno solo”, afirmó. A su juicio, la información utilizada para obtener las primeras órdenes y medidas intrusivas era falsa y, por lo mismo, sostuvo que “si esa base es falsa, todo lo que vino después nació muerto”.

El abogado agregó que buscarán establecer eventuales responsabilidades más allá de los funcionarios policiales individualizados en la querella. Aseguró que los antecedentes reunidos por la defensa, según su tesis, obligan a indagar si existió participación o colaboración indebida de otros intervinientes, incluso mediante eventuales accesos a información reservada del sistema judicial. Contreras señaló que esa línea será planteada ante las autoridades correspondientes y afirmó que tampoco descartan nuevas acciones contra integrantes del Ministerio Público o, eventualmente, del Poder Judicial.

“Los antecedentes que hemos reunido nos obligan a investigar si hubo concomitancia con integrantes del Poder Judicial y entrega de claves de acceso a investigadores, tanto de Fiscalía como de tribunal. Todo resulta en órdenes judiciales y medidas intrusivas que se autorizaron sobre información falsa, una y otra vez, sin control efectivo. Eso no se explica solo por negligencia policial. Hemos pedido formalmente que esa línea se investigue, y vamos a insistir en todas las instancias, ante la Fiscalía Nacional y ante quien corresponda, hasta que alguien la investigue de verdad”, sostiene “Vito” Contreras.

En la querella, de hecho, se solicita una batería de diligencias destinada precisamente a reconstruir cómo se confeccionó el cuestionado Oficio N°1806: pide obtener borradores, correos y versiones anteriores del documento; periciar sus archivos digitales y metadatos; volver a tomar declaración al teniente Reyes; interrogar a los tres carabineros querellados y recabar las comunicaciones intercambiadas entre el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. También busca determinar quién tuvo acceso a la carpeta digital de la causa y qué documentos fueron consultados o modificados.

A ese cuestionamiento Contreras sumó otro flanco: aseguró que existe un disco duro con conversaciones que considera relevantes para la defensa y que, pese a que inicialmente se les habría informado que estaba extraviado y después que había sido encontrado, todavía no les ha sido entregado. Por ese motivo, dijo, recurrieron de amparo y advirtió que, si finalmente se establece que el dispositivo se perdió, presentarán una nueva querella.

“No pedimos privilegios ni favores. Exigimos lo mínimo: un proceso justo, transparente y ajustado a derecho”, cerró Contreras. Con ello, la defensa intenta trasladar parte de la discusión desde los hechos imputados a sus representados hacia la forma en que se construyeron las primeras diligencias que dieron cuerpo a la investigación.

“Gracias por burlarte de mí, [de] mi físico y personalidad. Por tu culpa me odio a mí misma. Por tu culpa finjo ser alguien que no soy. Por tu culpa soy una mierda inservible y con cero autoestima. Ojalá nunca te hubiera conocido”.

Antes de suicidarse, V. dejó dos cartas que su mamá encontró en su mochila. Las misivas no tenían dedicatoria. Tampoco venían en sobres. Una hoja, de hecho, estaba rota por la mitad, arrugada y con 17 líneas escritas. Lo que sí tenía era el nombre y apellido de quien durante años habría sido el agresor de V. al interior del Instituto Regional del Maule, un establecimiento particular-subvencionado con sede en la comuna de San Javier.

Recién dos semanas más tarde, Carola, su madre se atrevió a leerlas. Y a su vez, decidió publicarlas en redes sociales con el objetivo de generar una reflexión sobre el bullying. La publicación se viralizó dentro la comunidad escolar y llegó hasta la dirección del instituto, quien contactó a la mujer para pedirle explicaciones.

Ella, por su parte, pidió a la institución esclarecer el caso de su hija. Quería que abrieran un protocolo para investigar al alumno que salía mencionado en la carta.

La abogada de la familia y directora de Heloicas, Josefina Letelier, explicó a Bío Bío Investiga que posterior a esto, el colegio decidió tener una reunión privada con los estudiantes del curso de V. y les prohibió emitir alguna declaración o hablar con la madre.

Sin respuestas concretas para saber qué ocurrió con su hija, pidieron ayuda a la Superintendencia de Educación. Sin embargo, hoy tienen demandada a esa repartición por “vulneraciones graves”. Acusan al organismo de haber tenido una “fiscalización irregular y una tramitación arbitraria” en el caso de V.

Búsqueda de protocolos

La carta completa va así:

J.V.: Eres la peor persona que he conocido. Tú hiciste mi vida un total infierno. Dejé el puto transporte para que me dejaras de molestar pero aún así me seguías molestando en el colegio. Eres de lo peor, me tienes chata. Nunca te callas ni me dejas tranquila. Ojalá una hueona te trate igual de horrible como tú me trataste. No sé cómo me gustaste. Eres tan horrible por fuera como por dentro. Ojalá te ahogues o pierdas la voz para que ya no puedas cantar. Ojalá que todos se alejen de ti o que también te hagan bullying a ver si a ti te gusta. Gracias por burlarte de mí, mi físico y personalidad. Por tu culpa me odio a mí misma. Por tu culpa finjo se alguien que no soy. Por tu culpa soy una mierda inservible y con cero autoestima. Ojalá nunca te hubiera conocido.

Según los padres de V., no hay claridad de cuándo comenzó el bullying contra su hija. Intuyen que arrancó cuando ella comenzó a compartir transporte escolar con el menor mencionado en la misivia, durante la enseñanza básica.

—No se sabe cuántos años duró el bullying porque precisamente el colegio nunca quiso activar un protocolo mientras V. iba al colegio y estaba sufriendo —explica la abogada de la familia, Josefina Letelier.

Sí hay registros de que Carola, la madre de V., pidió ayuda al colegio. Fue justo dos años antes de la tragedia que V. le comentó a una amiga del colegio que había pensado en quitarse la vida. Su amiga se lo contó a Carola, y ella, fue a hablar con el director del establecimiento para pedir la activación del protocolo de ideación suicida. Con eso buscaba que le ofrecieran apoyo psicológico y medidas de resguardo.

—Hasta donde sabemos nosotros nunca se hicieron estas sesiones de apoyo especializado, nunca se activó el protocolo —cuenta.

La ayuda psicológica que recibió V. fue siempre particular.

Absoluto silencio

Carola llegó hasta la Superintendencia de Educación para denunciar el caso. Manifestó que no se aplicó ninguna acción ni protocolo cuando acusó que su hija necesitaba ayuda psicológica por ideación suicida. En una segunda solicitud de fiscalización que fue enviada a la Superintendencia en enero de este año —y a la que accedió este medio— se detalla que, si bien el colegio quedó de “estar pendiente”, nunca entregaron un apoyo concreto.

La presentación explica también que el instituto se excusó en que no existían antecedentes para acreditar un “posible maltrato”. Sin embargo, después de publicar la carta en redes sociales, Carola recibió varios comentarios que cofirmaron el bullying sistemático que sufrió su hija. Le decían que muchas veces consolaron a V. en los pasillos del colegio porque estaba llorando.

También le revelaron que el joven mencionado en la carta estaba “acostumbrado a tratar mal a la niñas”. Era una actitud recurrente.

En ese contexto, cuestionó ante el fiscalizador que el colegio se hubiese reunido con los alumnos de segundo medio —curso al que pertenecía V. y el compañero acusado— para pedirles que no hablaran con nadie sobre el caso.

—No es posible que en ves de cooperar en la investigación les pidan absoluto silencio —criticó.

Por último, advirtió ante la Superintendencia que el caso de su hija no era el único.

—Hay un historial en donde se refleja que esta institución no le garantiza la integridad física y psicológica a los alumnos/as, solo garantiza buenos puntajes para entrar a la educación superior, pero de manera competitiva, sin respeto hacia el otro.

Primeras fiscalizaciones

Con lo anterior como antecedente, la familia de V. interpuso una demanda por indemnización de perjuicios en el Juzgado Civil de Santiago contra la Superintendencia de Educación por su “negligente fiscalización” en el caso. Según el texto, las razones se remontan al 25 de noviembre de 2025, cuando fueron hasta el organismo público por primera vez para pedir que abrieran un proceso de fiscalización contra el colegio.

—Expusimos que el establecimiento denunciado ignoró consistentemente una serie de hechos de violencia escolar contra nuestra hija V., haciendo su vida intolerable al punto que prefirió quitarse la vida antes que seguir expuesta a sus agresores en el entorno escolar —se lee en la demanda.

La Superintendencia realizó una fiscalización exprés y, según el escrito, “intentó reiteradamente cerrar injustificadamente la demanda”.

El primer cierre lo comunicaron a través de un correo electrónico. Tenía menos de una plana de extensión. Hacía alusión a que sí se observaron faltas en el colegio, pero que ya las habían subsanado.

La familia apeló el 7 de enero de este año. Demostraron que “había una serie de infracciones a la normativa educacional que no habían sido siquiera consideradas en la primera fiscalización”. Les rogaron una segunda fiscalización, pero “con la seriedad que ameritaba”.

—La Superintendencia no fiscalizó la falta de activación del protocolo de actuación luego de una denuncia explícita de riesgo de ideación suicida, ni la ausencia de protocolo de actuación luego de múltiples indicios de acoso escolar
(adjuntas al propio expediente administrativo), ni la inobservancia general de la Ley sobre Violencia Escolar al no propiciar un clima escolar que promoviera la buena convivencia, entre otros gravísimos quebrantamientos a la normativa sectorial que la Superintendencia estaba obligada a supervigilar —argumentaron.

A fines de enero volvieron a abrir el caso. Sin embargo, por estar de vacaciones no hubo mayores movimientos. Recién el 16 de marzo les llegó otro correo automático. Decía que no iban a iniciar un procedimiento administrativo, sin justificar el porqué.

La historia se repitió y volvieron a apelar con los mismos antecedentes. Abrieron un tercer proceso de fiscalización el 10 de abril.

Tercera oportunidad

El tercer proceso fue distinto. Esta vez iniciaron un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Instituto Regional del Maule.

—Por tanto no cabe sino preguntarse: si en las primeras dos fiscalizaciones se analizaron los mismos hechos y antecedentes —respaldados bajo las mismas pruebas—, los mismos reglamentos internos a la luz de los mismos instructivos de la Superintendencia, ¿por qué entonces en estas dos ocasiones se intentó cerrar nuestra denuncia, para después en la tercera determinar el avance por detectarse, efectivamente, infracciones a la normativa educacional? —cuestiona el libelo.

Dichas incoherencias, a juicio de los demandantes, evidencia una falta de servicio gravísima a la normativa educacional.

Por lo mismo, en la demanda enumeraron las faltas que se cometieron en los procesos. Uno de esos fue que la fiscalización siempre la hizo la misma persona.

—Es sin duda inexplicable que una fiscalización que debía involucrar la participación de todas las unidades de la Superintendencia regional (y de varios de sus funcionarios públicos), se le hubiese entregado tanta discrecionalidad exclusivamente a una sola funcionaria, para concluir erróneamente en dos fiscalizaciones distintas –a su solo ton y son- el cierre de una misma denuncia de carácter urgente por la muerte de una estudiante menor de edad por bullying.

Según la demanda, esta misma funcionaria se contradijo. Con los mismos antecedentes —en los primeros procesos— señaló que todo estaba en orden y luego planteó que era necesario actualizar los protocolos.

A mayor detalle, la funcionaria se basó en entrevistas al interior del colegio para concluir lo anterior. Pero, según el requerimiento, no existe constancia de aquello. Además, el acta de ese día señala que su visita duró poco más de una hora. Eso significó que cada interrogatorio duró menos de 15 minutos. A eso se suma que en los mismos minutos debió revisar más de 120 páginas del Reglamento Interno y siete actas del consejo escolar.

Cerrar el proceso

Otro de los argumentos para demandar a la Superintendencia de Educación fue que le negaron el acceso al expediente en la última fiscalización.

—Esta falta de oportunidad en la participación de la tercera (y última) fiscalización no solo significó una imposibilidad de cierre y reparación para el episodio más doloroso de nuestras vidas, no solo significó una constante revictimización y un eterno dialecto kafkiano para impedir el cierre de nuestro caso, sino que también significó una verdadera y constante carrera contra la frustración de que esto no volviese a ocurrirle a ningún otro miembro de la comunidad educativa del Instituto —concluye el documento.

En simple, acusan que la “fiscalización tardía, parcial e incompleta” fue una pérdida para la familia de participar de la investigación que contribuyó a la muerte de V. Un proceso que además buscaba cerrar un proceso.

—Esta oportunidad -jurídica, inmaterial y profundamente humana- fue frustrada por el mismo órgano que la ley creó con el exclusivo objeto de garantizar la protección de los derechos de los estudiantes y el cumplimiento de la normativa educacional —manifestaron.

Con todo, la demanda busca una indemnización de $100 millones de pesos para la madre y $100 millones para el padre.

Tras ser contactados por Bío Bío Investiga, tanto el Instituto Regional del Maule como la Superintendencia de Educación declinaron entregar una respuesta para este artículo.